Este es el comunicado del PSOE titulado "LAS COSAS EN SU SITIO", contra la manifestación
"Por la familia cristiana" del domingo 30 de diciembre de 2007. Pongo mis comentarios intercalados en el texto, en color rojo:
"LAS COSAS EN SU SITIO"
"Los socialistas expresamos, como siempre, nuestro respeto al ejercicio por parte de los ciudadanos de su derecho a reunirse y manifestarse libremente; también nuestro pleno respeto a los actos litúrgicos o confesionales que se celebran en nuestro país; y queremos salir al paso de las manifestaciones públicas, de contenido político, vertidas por algunos responsables de la jerarquía de la Iglesia Católica en la concentración que se celebró en Madrid el pasado día 30.
En relación con ellas declaramos lo siguiente:
1. Es la Constitución de 1978 la que determina que la soberanía reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes del Estado. Es la Constitución de todos los españoles la que ha proclamado que todos ellos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de religión. Es la Constitución la que ha garantizado la libertad religiosa y la que ha determinado que ninguna confesión tenga carácter estatal. Es esta misma Constitución, base última de los valores y principios en los que se legitima la ordenación de la convivencia en sociedad, la que ha establecido que el respeto a la ley y a los derechos de los demás es el fundamento del orden político y de la paz social.
Como muy bien dice la Constitución española, todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de religión. Por ese motivo los católicos, como cualquier otro grupo o individuo, tienen perfecto derecho a la libertad de expresión, incluso para disentir de las actuaciones del gobierno, sin que pueda discriminarse por motivos religiosos. La pretensión socialista de que los obispos -o cualquier otro individuo- carezcan de ese derecho que tienen todos los españoles, es simplemente anticonstitucional.
Por otra parte, la Constitución será la base última de la ordenación política y jurídica, pero de ninguna manera la base última de los valores de los individuos que forman la sociedad. Ni el Estado -ni un gobierno coyuntural-, ni mucho menos las normas jurídicas emanadas de ellos, poseen facultad alguna para autoproclamarse a sí mismos como base última de los valores morales.
2. A lo largo de estos últimos treinta años, los españoles han decidido mayoritariamente ampliar los derechos y las libertades individuales y fortalecer las políticas sociales en favor de la dignidad de las personas, objetivo último del orden jurídico democrático.
En estos últimos cuatro años, nuevas leyes han avanzado en la extensión de derechos y políticas sociales precisamente en favor de las familias.
Lo han hecho estableciendo medidas para promover la natalidad, para conciliar la vida laboral y familiar, para dignificar a las familias de jubilados con pensiones más bajas, para apoyar a las familias con personas dependientes, para que las familias con menos recursos dispongan de más becas para que sus hijos puedan seguir estudiando* También en estos cuatro años, nuevas leyes han creado nuevos derechos: para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, para reconocer el derecho a contraer matrimonio a todas las personas, sin discriminación alguna basada en su orientación sexual, y para poder poner fin, en ejercicio de la libertad, a una relación conyugal rota sin tener que sufrir dilaciones injustificadas.
Los derechos no se amplian: se tienen o no se tienen. Nadie puede crear derechos nuevos, sino en todo caso reconocer derechos ya existentes que no se reconocían legalmente, o incluso negar derechos reconocidos legalmente con anterioridad. Este último es el caso del matrimonio, al que en la última legislatura se le ha negado el reconocimiento jurídico del que gozaba -y del que aún goza en los ordenamientos jurídicos de todos los demás los países del mundo-, eliminándolo del Código Civil para sustituirlo por un "derecho" inexistente de personas que carecen de los requisitos necesarios para tener derecho a esta categoría jurídica: la sociedad ha dotado siempre a los matrimonios de unos derechos derivados de unas obligaciones, principalmente de la facultad de aportar a la sociedad individuos, que son quienes la forman y sostienen. Sólo la unión de un hombre y una mujer es capaz de aportar individuos a la sociedad, por lo que el ordenamiento jurídico concede a la unión de la que puede derivarse ese fin el reconocimiento como figura jurídica propia y establece su protección, así como unos derechos y obligaciones derivados de su reconocimiento.
3. La fortaleza de la democracia consiste en la garantía de la convivencia de opciones ideológicas, morales y religiosas distintas, sin aceptar la imposición de ninguna en particular. En este sentido, en un régimen de libertades, la fe no se legisla. La legitimidad de los valores y de las reglas de la convivencia emana de los principios y procedimientos constitucionales. No hay más legitimidad que la legitimidad constitucional.
Toda confesión religiosa tiene plena autonomía en su orden doctrinal respecto de quienes participan de ella, pero es la sociedad la que tiene, a través de sus representantes, la potestad de ordenar los principios de libertad individual y de convivencia para todos los ciudadanos. Sólo quienes deliberadamente ignoran o no respetan estos principios se apartan de los fundamentos esenciales de la democracia.
Los socialistas carecen de la potestad de otorgar carnets de "democracia" a nadie, al tiempo que tratan de apropiarse de forma espuria de los valores morales de los individuos, negando la libertad religiosa y de conciencia que reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales citados anteriormente, otorgando a la Constitución una legitimidad moral de la que carece. En materia de valores morales, es completamente falso que no exista más legitimidad que la legitimidad constitucional, lo cuál queda probado en la propia Constitución, que además es contraria al laicismo que pretende imponer el actual gobierno. Es el actual gobierno socialista, que no ignora lo anteriormente dicho, quien no respeta los fundamentos esenciales de la democracia.
4. Guiados por nuestras convicciones democráticas y por nuestra defensa de la libertad individual, los socialistas, no daremos ningún paso atrás: seguiremos trabajando para que los ciudadanos españoles sean más libres y con más derechos, y para que, al mismo tiempo, nuestra convivencia sea cada vez más respetuosa y tolerante".
¡Pues que Dios nos coja confesados, si los socialistas siguen inventándose "derechos" que sirven para negar auténticos derechos a la mayoría de los españoles! El derecho a la vida que defiende la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reconocido por la Constitución será papel mojado tras la invención del "derecho" a asesinar selectivamente a quienes molesten: ancianos, bebés, etc.
"Por la familia cristiana" del domingo 30 de diciembre de 2007. Pongo mis comentarios intercalados en el texto, en color rojo:
"LAS COSAS EN SU SITIO"
"Los socialistas expresamos, como siempre, nuestro respeto al ejercicio por parte de los ciudadanos de su derecho a reunirse y manifestarse libremente; también nuestro pleno respeto a los actos litúrgicos o confesionales que se celebran en nuestro país; y queremos salir al paso de las manifestaciones públicas, de contenido político, vertidas por algunos responsables de la jerarquía de la Iglesia Católica en la concentración que se celebró en Madrid el pasado día 30.
En relación con ellas declaramos lo siguiente:
1. Es la Constitución de 1978 la que determina que la soberanía reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes del Estado. Es la Constitución de todos los españoles la que ha proclamado que todos ellos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de religión. Es la Constitución la que ha garantizado la libertad religiosa y la que ha determinado que ninguna confesión tenga carácter estatal. Es esta misma Constitución, base última de los valores y principios en los que se legitima la ordenación de la convivencia en sociedad, la que ha establecido que el respeto a la ley y a los derechos de los demás es el fundamento del orden político y de la paz social.
Como muy bien dice la Constitución española, todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de religión. Por ese motivo los católicos, como cualquier otro grupo o individuo, tienen perfecto derecho a la libertad de expresión, incluso para disentir de las actuaciones del gobierno, sin que pueda discriminarse por motivos religiosos. La pretensión socialista de que los obispos -o cualquier otro individuo- carezcan de ese derecho que tienen todos los españoles, es simplemente anticonstitucional.
Por otra parte, la Constitución será la base última de la ordenación política y jurídica, pero de ninguna manera la base última de los valores de los individuos que forman la sociedad. Ni el Estado -ni un gobierno coyuntural-, ni mucho menos las normas jurídicas emanadas de ellos, poseen facultad alguna para autoproclamarse a sí mismos como base última de los valores morales.
2. A lo largo de estos últimos treinta años, los españoles han decidido mayoritariamente ampliar los derechos y las libertades individuales y fortalecer las políticas sociales en favor de la dignidad de las personas, objetivo último del orden jurídico democrático.
En estos últimos cuatro años, nuevas leyes han avanzado en la extensión de derechos y políticas sociales precisamente en favor de las familias.
Lo han hecho estableciendo medidas para promover la natalidad, para conciliar la vida laboral y familiar, para dignificar a las familias de jubilados con pensiones más bajas, para apoyar a las familias con personas dependientes, para que las familias con menos recursos dispongan de más becas para que sus hijos puedan seguir estudiando* También en estos cuatro años, nuevas leyes han creado nuevos derechos: para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, para reconocer el derecho a contraer matrimonio a todas las personas, sin discriminación alguna basada en su orientación sexual, y para poder poner fin, en ejercicio de la libertad, a una relación conyugal rota sin tener que sufrir dilaciones injustificadas.
Los derechos no se amplian: se tienen o no se tienen. Nadie puede crear derechos nuevos, sino en todo caso reconocer derechos ya existentes que no se reconocían legalmente, o incluso negar derechos reconocidos legalmente con anterioridad. Este último es el caso del matrimonio, al que en la última legislatura se le ha negado el reconocimiento jurídico del que gozaba -y del que aún goza en los ordenamientos jurídicos de todos los demás los países del mundo-, eliminándolo del Código Civil para sustituirlo por un "derecho" inexistente de personas que carecen de los requisitos necesarios para tener derecho a esta categoría jurídica: la sociedad ha dotado siempre a los matrimonios de unos derechos derivados de unas obligaciones, principalmente de la facultad de aportar a la sociedad individuos, que son quienes la forman y sostienen. Sólo la unión de un hombre y una mujer es capaz de aportar individuos a la sociedad, por lo que el ordenamiento jurídico concede a la unión de la que puede derivarse ese fin el reconocimiento como figura jurídica propia y establece su protección, así como unos derechos y obligaciones derivados de su reconocimiento.
3. La fortaleza de la democracia consiste en la garantía de la convivencia de opciones ideológicas, morales y religiosas distintas, sin aceptar la imposición de ninguna en particular. En este sentido, en un régimen de libertades, la fe no se legisla. La legitimidad de los valores y de las reglas de la convivencia emana de los principios y procedimientos constitucionales. No hay más legitimidad que la legitimidad constitucional.
Toda confesión religiosa tiene plena autonomía en su orden doctrinal respecto de quienes participan de ella, pero es la sociedad la que tiene, a través de sus representantes, la potestad de ordenar los principios de libertad individual y de convivencia para todos los ciudadanos. Sólo quienes deliberadamente ignoran o no respetan estos principios se apartan de los fundamentos esenciales de la democracia.
Los socialistas carecen de la potestad de otorgar carnets de "democracia" a nadie, al tiempo que tratan de apropiarse de forma espuria de los valores morales de los individuos, negando la libertad religiosa y de conciencia que reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales citados anteriormente, otorgando a la Constitución una legitimidad moral de la que carece. En materia de valores morales, es completamente falso que no exista más legitimidad que la legitimidad constitucional, lo cuál queda probado en la propia Constitución, que además es contraria al laicismo que pretende imponer el actual gobierno. Es el actual gobierno socialista, que no ignora lo anteriormente dicho, quien no respeta los fundamentos esenciales de la democracia.
4. Guiados por nuestras convicciones democráticas y por nuestra defensa de la libertad individual, los socialistas, no daremos ningún paso atrás: seguiremos trabajando para que los ciudadanos españoles sean más libres y con más derechos, y para que, al mismo tiempo, nuestra convivencia sea cada vez más respetuosa y tolerante".
¡Pues que Dios nos coja confesados, si los socialistas siguen inventándose "derechos" que sirven para negar auténticos derechos a la mayoría de los españoles! El derecho a la vida que defiende la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reconocido por la Constitución será papel mojado tras la invención del "derecho" a asesinar selectivamente a quienes molesten: ancianos, bebés, etc.
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